La legislación nacional, a través de una reforma en la Ley de Hidrocarburos y de la nueva Ley de Impacto Ambiental, admite la posibilidad de emplear el «fracking», pero se exige una declaración de impacto ambiental (DIA) positiva, así como una larga lista de requisitos que hacen que pasen años antes de que una empresa pueda perforar.
Hasta el momento, según fuentes del Ministerio de Industria, se han otorgado al menos 14 permisos de investigación en los que no es descartable la utilización de la técnica de fracturación hidráulica, si bien a priori, sin realizar la investigación, no se puede afirmar que dicha técnica se va a utilizar.
El Ministerio se ocupa solo de los permisos que afectan a más de una comunidad o al mar, mientras que cada comunidad puede conceder sus propios permisos. En el País Vasco, cuyo gobierno sí es favorable al «fracking», la sociedad pública de hidrocarburos (Shesa) cuenta con diez permisos de investigación en tierra y uno en el mar. En Castilla y León, se han presentado 31 solicitudes y hay una concedida.
Según las estimaciones de los expertos (hasta que no se perfore no se conocerá con precisión), en España puede haber reservas de gas de 2.450 bcm (miles de millones de metros cúbicos). Más de 2.000 corresponderían al gas no convencional, aquel encerrado en rocas poco porosas para cuya extracción se hace necesario el «fracking».
Dado que la demanda anual de gas en España es de algo más de 30 bcm, lo que alberga el subsuelo da para 70 años e, incluso, para que nuestro país se convirtiera en exportador de esta fuente de energía. Esto supondría un cambio radical en la situación actual, en la que se importa más del 99% del gas consumido.
Efectos económicos
Los efectos sobre la economía y el empleo son claros. Un informe de la consultora Deloitte apunta que los hidrocarburos tienen potencial para aportar hasta 44.000 millones de euros al PIB en el año en que tendría su máximo impacto sobre el crecimiento, que sitúa en 2040. De esa cantidad, unas tres cuartas partes corresponderían al gas no convencional, explica el responsable del estudio, Pablo Royo.
Asimismo, siempre considerando un escenario ideal de máximo aprovechamiento de los recursos, gas y petróleo supondrían más de 260.000 puestos de trabajo, entre directos, indirectos e inducidos en el año «pico», en este caso 2033, ya que la mayor parte del empleo se genera en la fase de desarrollo. Aquí, la aportación del gas no convencional sería más del 75%.
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